La Unión Europea no ha prohibido las calderas de gas, pero la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética establece que no se subvencionarán con fondos públicos. Esta norma, parte del plan «Fit for 55», busca reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y fomenta el uso de tecnologías sostenibles. Aunque inicialmente se planteó prohibir la instalación de calderas de combustibles fósiles en edificios nuevos, esta propuesta fue descartada, optando en su lugar por eliminar los incentivos económicos para estas tecnologías.
La directiva promueve una transición energética que priorice el uso de fuentes de energía renovables como la aerotermia, las bombas de calor y la biomasa. Sin embargo, no obliga al reemplazo inmediato de calderas de gas, permitiendo a los Estados miembros adaptar esta normativa a sus contextos nacionales antes de 2025. Esto incluye definir qué se considera combustible fósil y cómo se alcanzarán los objetivos de reducción de CO₂.
Existen opciones renovables compatibles con las calderas actuales, como el biopropano, que cumplen con las directrices de sostenibilidad previstas para 2040. No obstante, el costo de cambiar a tecnologías como las bombas de calor, que puede oscilar entre 11.000 y 24.000 €, representa un desafío para muchas familias. Por ello, se insiste en que la transición debe ser gradual, justa e inclusiva, acompañada de políticas que faciliten el acceso a tecnologías sostenibles y revisen las ayudas disponibles para los consumidores.
Este enfoque busca garantizar que la modernización de los sistemas de climatización no solo contribuya a la lucha contra el cambio climático, sino que también sea accesible y equitativa para todos.